La entrada anterior habló de parte del contexto de los problemas que el Distrito de Columbia tuvo con su programa de alcoholímetros. El Departamento de Policía Metropolitana no solo calibró mal las máquinas para que arrojaran resultados un 40 por ciento más altos de lo que debían, sino que tampoco realizó pruebas de exactitud durante un período de casi diez años. Como expliqué en la Parte I, inicié una apelación en 2013 para una persona que se había declarado culpable de DUI y había cumplido tiempo obligatorio de cárcel con base en resultados de aliento de una máquina a la que no se le habían hecho pruebas de exactitud.
A través de otro abogado, él había intentado solicitar retirar su declaración de culpabilidad. El gobierno impugnó con vehemencia su moción. Si bien el gobierno había aceptado permitir que cientos de personas retiraran sus declaraciones de culpabilidad —de quienes se declararon o fueron hallados culpables durante el período de 17 meses en que las máquinas estuvieron mal calibradas—, no quería abrir la caja de Pandora de diez años de condenas en las que el MPD no realizó pruebas de exactitud. Lamentablemente, el juez de primera instancia estuvo de acuerdo y denegó la moción sin una audiencia. Después de que presenté mi escrito (brief), al gobierno le tomó un año responder. No le pedí al Tribunal de Apelaciones que le permitiera a mi cliente retirar su declaración de culpabilidad. Más bien, argumenté que el tribunal de primera instancia había abusado de su discreción al no celebrar una audiencia sobre la moción.
El caso se fijó para argumentos orales en abril de este año y, finalmente, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia estuvo de acuerdo conmigo. El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del juez de primera instancia y la devolvió (remanded) para una audiencia sobre si mi cliente tenía derecho a una audiencia sobre la moción. Cualquier audiencia sobre esa moción volvería a abrir las compuertas del escandaloso programa de alcoholímetros del gobierno del Distrito. Yo planeaba citar (subpoena) a Kelvin King, el oficial a cargo del programa durante todos esos años, a Ilmar Paegle, el denunciante (whistleblower) que descubrió los problemas, así como, potencialmente, a fiscales y supervisores de la OAG. Las preguntas sobre qué sabía el gobierno y cuándo se enteró nunca han sido respondidas hasta el día de hoy. ¿Permitieron a sabiendas los fiscales de la oficina de la OAG que los acusados se declararan culpables de DWI en casos basados en resultados de alcoholímetro defectuosos?
Yo sabía que el gobierno nunca permitiría que esa audiencia ocurriera. Unas semanas antes de la audiencia programada, desestimaron el caso de mi cliente. El resultado para el cliente fue excelente. Si bien nunca recuperará el tiempo de cárcel que cumplió ni la libertad condicional que completó, la condena por DWI fue eliminada de su expediente.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que el fallo del Tribunal de Apelaciones ha creado una oportunidad para impugnar diez años de condenas basadas en resultados de alcoholímetros de máquinas a las que el MPD nunca les hizo pruebas de exactitud. Ahora hay un precedente del Tribunal de Apelaciones que dice: si usted se declaró o fue hallado culpable de DWI durante ese período de diez años, tiene, como mínimo, derecho a una audiencia sobre si puede retirar su declaración de culpabilidad. Eso significa obtener una audiencia que el gobierno tiene tanto miedo de celebrar que prefiere desestimar un caso antes que volver a abrir las compuertas del alcoholímetro.
Si usted se declaró culpable o fue hallado culpable de un DWI entre 2000 y 2010 con base en resultados de alcoholímetro, comuníquese con Scrofano Law. Es prácticamente imposible lograr que se selle una condena por DWI a través del proceso normal de eliminación del expediente. Sin embargo, podría ser posible solicitar retirar su declaración de culpabilidad, obtener una audiencia sobre el asunto y, finalmente, lograr que la antigua condena sea eliminada de su expediente.
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