Las infracciones menores de tránsito pueden desencadenar la deportación bajo una aplicación estricta de la ley. Scrofano Law PC explica los riesgos para los inmigrantes en Washington, D.C.
El 25 de enero de 2017, Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas draconianas dirigidas a inmigrantes con y sin documentos en los Estados Unidos. Se ha prestado mucha atención a las órdenes ejecutivas que prohíben la entrada de refugiados y ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes. Sin embargo, el impacto en el sistema de justicia penal con respecto a los inmigrantes que ya se encuentran dentro de los Estados Unidos ha recibido mucha menos atención.
El caso de la Corte Suprema Padilla v. Kentucky impuso la obligación afirmativa a los abogados de defensa penal de asesorar a sus clientes inmigrantes sobre las posibles consecuencias migratorias antes de aceptar una declaración de culpabilidad. Ese caso trascendental creó una intersección significativa entre la defensa penal y el derecho de inmigración. Las órdenes ejecutivas de Trump y su probable impacto en el sistema de justicia penal desdibujan aún más la línea entre ambas áreas.
En consecuencia, es importante señalar desde el principio que Scrofano Law PC es una firma de defensa penal que no se especializa en derecho de inmigración. Si usted o un ser querido enfrentan posibles problemas migratorios, es fundamental consultar con un abogado de inmigración calificado y con experiencia. No obstante, cualquier abogado defensor en casos penales y de DUI debería, como mínimo, conocer las consecuencias potenciales que los clientes inmigrantes (con o sin documentos) pueden enfrentar al ser arrestados por una infracción penal.
Aunque el impacto de estas dos órdenes ejecutivas puede ser de gran alcance, el propósito de esta publicación es analizar las implicaciones para infracciones menores, tales como los delitos contra el orden público (delitos de “calidad de vida”), de tránsito o DUI. Por lo tanto, este artículo no pretende ser un examen exhaustivo de los decretos.
Cambios en las prioridades de aplicación de la ley
En primer lugar, la orden ejecutiva no cambia —ni puede cambiar legalmente— lo que constituye un delito deportable para los residentes legales permanentes. Es decir, si alguien que se encuentra legalmente en los Estados Unidos es arrestado o condenado por un delito que no es deportable, esta orden ejecutiva no modifica esa situación, ya que las órdenes ejecutivas no pueden cambiar las leyes vigentes. Sin embargo, los decretos han ordenado a las autoridades de inmigración ampliar considerablemente el criterio sobre quiénes son deportados por cometer (o simplemente ser acusados de cometer) ciertos delitos.
Las directrices anteriores habían priorizado la deportación de personas sin estatus migratorio en los Estados Unidos, incluido el Distrito de Columbia, que hubieran cometido delitos más graves. Las órdenes ejecutivas de Trump ahora ordenan a las autoridades de inmigración priorizar la expulsión de cualquier persona que se encuentre de forma ilegal en el país y que sea acusada o condenada por cometer cualquier infracción penal.
Un cambio drástico: Si una persona se encuentra en los Estados Unidos y es arrestada por cometer una infracción menor de tránsito o una falta contra el orden público (como bloquear la acera), estas órdenes ejecutivas instruyen a las autoridades de inmigración a detener e iniciar los procedimientos de expulsión de dicha persona, incluso antes de que se resuelva su caso penal.
Esto representa un cambio radical en las prioridades de la ejecución de la ley y de la inmigración, lo que probablemente tendrá un impacto significativo en los recursos federales destinados a los centros de detención y a los tribunales de inmigración. Para aquellos preocupados por la retórica de campaña de Trump en la que afirmó que crearía “fuerzas de deportación” masivas, esto ciertamente podría interpretarse como el primer paso en esa dirección.
Consideraciones finales
Los abogados de defensa penal, los inmigrantes sin estatus legal en los Estados Unidos, y los policías y fiscales locales con sentido de conciencia deben tener en cuenta la posibilidad de que un arresto por una infracción menor de tránsito o de orden público podría tener consecuencias devastadoras para las personas y las familias en todo el país. Para quienes se preocupan por el gasto federal o simplemente se oponen a la expansión militarizada del gobierno federal, estas acciones deberían ser motivo de inquietud.
Para los abogados litigantes en materia penal y de DUI, organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal (National Association of Criminal Defense Lawyers) y el Proyecto de Defensa del Inmigrante (Immigrant Defense Project) han publicado análisis detallados sobre estas órdenes ejecutivas para ayudar a comprender sus implicaciones en la estrategia de defensa.
Si una persona es arrestada por cualquier delito penal, incluidas las infracciones de tránsito o DUI, es fundamental contratar a una firma de defensa penal que luche enérgicamente en su beneficio. Comuníquese con Scrofano Law PC hoy mismo para obtener una evaluación completa de su caso.
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