Mientras las protestas de Black Lives Matter y de reforma policial en todo el país entran en su tercera semana, el Concejo Municipal de DC ha dado el primer paso hacia una verdadera reforma policial en nuestra ciudad. Si bien el Concejo Municipal no puede realmente abordar los graves abusos de poder cometidos por las fuerzas del orden federales contra los manifestantes en nuestra ciudad, sí puede abordar estos problemas predominantes dentro del Departamento de Policía Metropolitana de DC (MPD). Estos problemas han existido durante mucho tiempo en nuestro departamento de policía local y fueron empujados al foco nacional la semana pasada, cuando miles y miles de ciudadanos se congregaron frente a la Casa Blanca en una inspiradora muestra de solidaridad, patriotismo y ejercicio de nuestro derecho a la libertad de reunión consagrado en la Primera Enmienda.
Aunque el Concejo Municipal de DC seguirá redactando y debatiendo más cambios legislativos en las próximas semanas, el Concejo aprobó un proyecto de ley de enmienda de emergencia la noche del 8 de junio. Llamado “Ley Temporal de Enmienda para una Reforma Integral de la Actuación Policial y la Justicia de 2020” (Comprehensive Policing and Justice Reform Temporary Amendment Act of 2020), el proyecto introduce una serie de reformas sobre cómo se le permitirá actuar a la policía, además de modificar y crear juntas de supervisión policial. Por tratarse de legislación de emergencia, el proyecto permanecería en vigor durante 90 días. Si no se hacen más cambios en esos 90 días, el proyecto se convertirá en ley permanente.
De entrada, el proyecto prohíbe el uso de inmovilizaciones del cuello por parte de los oficiales del MPD, el mismo tipo de inmovilización que recientemente usó un oficial de policía de Mineápolis para matar a George Floyd y, de manera célebre, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York para matar a Eric Garner en 2014. El proyecto va más allá e implica a cualquier otro oficial que observe el uso de este tipo de inmovilización y no haga nada para detenerlo. Cualquier oficial sorprendido usando esta inmovilización, o que no la detenga o la reporte, podría ser sujeto a una multa de $25,000 y hasta 10 años de prisión. Junto con la prohibición de las inmovilizaciones del cuello, también se le prohibirá al MPD comprar y usar numerosos tipos de armamento de grado militar. Parte del armamento prohibido incluirá armas de fuego y municiones de calibre .50 o superior, vehículos o aeronaves blindados, explosivos y pirotecnia (incluidas las armas para disparar estos elementos) y drones no tripulados.
Además de prohibir ciertas tácticas policiales, el proyecto de emergencia también exige una capacitación más rigurosa de los oficiales de policía. Esta nueva capacitación enfatizará el empleo de tácticas de desescalada y la limitación del uso de la fuerza. Asimismo, la policía estará obligada a explicar las leyes de consentimiento en lo que respecta a los registros de ciudadanos cuando no tenga una orden de registro. La policía deberá decirles a los ciudadanos detenidos que tienen derecho a negar su consentimiento; y, si no hay evidencia de esta conversación, ya sea de forma verbal o por escrito, se asumirá que el registro del oficial fue sin consentimiento. Aquí va un consejo legal gratis para ustedes, lectores: si no está bajo arresto y la policía no tiene una orden, no deje que lo registren. Aunque “no tenga nada que ocultar”. Por último, los oficiales del MPD ahora estarán obligados a reportar cualquier mala conducta o uso excesivo de la fuerza que observen por parte de otros oficiales.
Una de las inclusiones más notables de este proyecto de emergencia es el derecho de un acusado en un caso de agresión simple (simple assault) a solicitar un juicio por jurado si el denunciante en el caso es un oficial de policía. Hasta ahora, la Fiscalía Federal de DC había logrado impedir que esto sucediera, eludiendo la Ley NEAR (NEAR Act) aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal de DC en 2016. Básicamente, si lo acusan de agredir a un oficial de policía, usted tiene derecho a que un jurado juzgue la credibilidad del oficial.
Para intentar combatir aún más los usos excesivos de la fuerza, el proyecto de emergencia exigirá que el MPD divulgue copias sin censurar (un-redacted) de las grabaciones de las cámaras corporales de la policía en casos de muerte con participación de un oficial o de uso grave de la fuerza. La divulgación de estas grabaciones será obligatoria dentro de las 72 horas de la solicitud. Este proyecto permitirá solicitar grabaciones de forma retroactiva hasta el 1 de octubre de 2014.
Además de sus prohibiciones y nuevos requisitos de capacitación, el proyecto de emergencia modificará la Junta de Quejas Policiales (Police Complaints Board) y creará una Junta de Revisión del Uso de la Fuerza (Use of Force Review Board). La Junta de Quejas Policiales aumentará su número de miembros de cinco a nueve, incluido un representante de cada uno de los ocho distritos de DC y un miembro “general” (at-large). Además, la nueva Junta de Quejas Policiales ya no permitirá que ninguno de sus miembros esté afiliado a una agencia de las fuerzas del orden. Asimismo, mientras que la junta anterior solo podía sancionar a los oficiales que cometían infracciones de uso de la fuerza, la junta recién modificada también podrá investigar y sancionar a los oficiales que no intervinieron o que posteriormente no reportaron usos excesivos de la fuerza por parte de otro oficial. La nueva Junta de Revisión del Uso de la Fuerza estará compuesta por trece miembros con derecho a voto. Los trece miembros incluirán: un funcionario del MPD, de Seguridad Nacional (Homeland Security), de la Oficina de Servicios de Investigación, de la Academia de Policía y de los Tribunales de DC, entre otras entidades de las fuerzas del orden. La junta también incluirá a dos expertos civiles: un experto en política de justicia penal y un experto en supervisión de las fuerzas del orden; y a tres civiles comunes: una persona que haya experimentado personalmente el uso de la fuerza por parte de la policía, un miembro del Colegio de Abogados de DC (DC Bar) y un civil común más.
Por último, el proyecto de emergencia derogará la controvertida ley “Anti-Máscaras” de DC, que prohibía a los adultos usar capuchas, máscaras u otras coberturas faciales en áreas públicas. El proyecto también enmendará una ley electoral de 1955 y exigirá que, en preparación para la elección presidencial de noviembre, el Departamento de Correccionales le proporcione a toda persona elegible bajo su cuidado un formulario de registro de votantes y una guía para el votante.
Este proyecto de emergencia es, con suerte, apenas la punta del iceberg de la reforma policial en DC. Aunque es un buen comienzo, se necesitará una inmersión más profunda en nuestras leyes y reglamentos para erradicar la descomposición en el MPD y en nuestro sistema legal en su conjunto. El MPD debería trabajar para la gente y protegerla. No se le debería permitir actuar a su antojo ni desestimar los derechos de los ciudadanos de DC. Este proyecto ya está siendo criticado por el Sindicato del MPD, que afirma que erosionará los derechos de los oficiales de policía, así que debe estar cumpliendo su función: reforma policial ya.
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